Proceso Beijing+25

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1.- Beijing+25 es importante para las ONG feministas, sociales, de cooperación internacional y de derechos humanos en España.

La Plataforma de Acción de la 4ª Conferencia Mundial de la Mujer (Beijing 1995), aunque tiene el rango de “recomendación”, no de “ley” como la Convención CEDAW de 1979 y su Protocolo Facultativo de 1999, al haber sido ratificada por todos los Estados del mundo -excepto EEUU, Irán, Somalia y Sudán- y evaluarse globalmente su cumplimiento cada 5 años en la CSW (Comisión de la Condición Social y Jurídica de la Mujer) contribuye a configurar los derechos de las mujeres como universales e inseparables de los Derechos Humanos, cuya defensa, junto a la paz, es la razón de ser de la ONU. Queremos participar en todo el proceso: en la etapa nacional (hasta el 01.05.19), de la Unión Europea, regional ECE (Ginebra 29-30 de octubre 2019) y mundial (64 CSW Nueva York 9 al 20 marzo 2020), más aún ante la creciente reacción internacional e interna contra los derechos de las mujeres. Pedimos al Gobierno la información y ayudas de viaje necesarias para ello.

2.- Insuficientes plazo y amplitud de la participación de las organizaciones de la sociedad civil, en concreto grupos feministas, en la elaboración del Informe de España.

El gobierno de España no ha cumplido el Enfoque y coordinación de la sociedad en su conjunto y de Participación y contribuciones de múltiples partes interesadas que establece la Parte I b y c del Cuestionario de ONU Mujeres de septiembre de 2018. Desde entonces, el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, y su Secretaría de Estado de Igualdad, creados con el cambio de gobierno en junio de 2018, y el Instituto de la Mujer existente desde 1983, no han constituido “un comité directivo nacional o acuerdos similares (…) con el objetivo de garantizar un intercambio regular con las partes interesadas y recibir sus contribuciones. Entre estas partes interesadas se incluirán, entre otros, actores y organizaciones de la sociedad civil, en concreto organizaciones de mujeres y comunitarias, grupos feministas, defensoras de los derechos humanos de las mujeres, organizaciones lideradas por niñas y jóvenes, sindicatos, organizaciones profesionales, el sector privado, universidades e instituciones nacionales de derechos humanos”. El examen a nivel nacional no ha supuesto “la participación del público general (mujeres y hombres, niñas y niños) en un debate nacional sobre el asunto” ni “un calendario de actividades, así como recopilarse y publicitarse las contribuciones de todas las partes interesadas, incluidos sus compromisos con respecto a acciones concretas”.

El 08.04.19 la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación invitó a una reunión el 11 de abril a las 20 asociaciones que integran el Consejo de Participación de la Mujer y a las Plataformas CEDAW Sombra y Estambul Sombra, que han mandado de 2014 a 2019 sendos informes firmados por tres centenares de ONG, “con el objetivo de compartir las líneas fundamentales del informe” expuestas verbalmente por la Directora del Instituto de la Mujer e informar que el 1 de mayo España presentará su informe nacional a ONU Mujeres.

En la reunión se informó que el plazo para presentar aportaciones de las ONG finaliza el 24 de abril. De esos 13 días 4 son festivos y 2 sábados.

3.- Pedimos un papel activo de la Unión Europea en el Informe y la Reunión Regional de Revisión (Ginebra 29-30 de octubre de 2019) de CEPE (Comisión Económica para Europa, UNECE en inglés) como comisión regional de las Naciones Unidasy en marzo 2020 en la 64 CSW Beijing+25 en Nueva York.

La heterogénea composición de la CEPE dificulta el impulso conjunto de Beijing+25 y el 5º de los ODS. Sus 56 Estados son los 28 de la Unión Europea (Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía y Suecia), otros 25 de Europa y Asia Central (Albania, Andorra, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Georgia, Islandia, Kazajistán, Kirguistán, Liechtenstein, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Noruega, República de Macedonia, Rusia, San Marino, Serbia, Suiza, Tayikistán, Turkmenistán, Turquía, Ucraniay Uzbekistán), América del Norte (Canadá y EEUU), 2 de Oceanía (Australia y Nueva Zelanda) e Israel.

Sus funciones incluyen poco el impulso de los derechos humanos incluyendo la igualdad de género. Como su propia web indica, son la normalización comercial, circulación y transporte, normas aduaneras, convenios y protocolos medioambientales transfronterizos sobre participación pública y acceso a la justicia, contaminación atmosférica, evaluación del impacto y accidentes.

Por ello consideramos imprescindible que la Unión Europea, tanto desde la presidencia rumana hasta junio de 2019, como en la finlandesa del 2º semestre de 2019, recupere el compromiso que mostró en Beijing+15, pero no en Beijing+20, presentando a tiempo un Informe Beijing+25 sobre la aplicación 2014-2019 de la Plataforma de Acción y el 5º ODS en sus 28 estados, con un plazo entre mayo y julio de 2019 de participación abierta a sus organizaciones feministas. Pedimos al gobierno de España que promueva y contribuya activamente al Informe y proceso de debate del Informe de la UE a Beijing+25, abierto a Espacio Económico Europeo (Noruega, Islandia y Liechtenstein) y la AELC (Suiza).

Sobre el progreso y retos en las 12 esferas de especial preocupación de la Plataforma de Acción de Beijing, siguiendo el Cuestionario de ONU Mujeres:

Pregunta 6.- Medidas contra la discriminación en el trabajo y el empleo remunerados (Gráfico 1)

En el periodo 2014-2018 en España se han recuperado casi 2 millones de empleos, en gran parte precarios(38% de contratos temporales en 2018), pero aún hay 1,3 millones menos que en 2008 y 3,5 millones de personas en paro, el 49% de larga duración y 52% mujeres, mientras el Gobierno desactivó medidas de incremento y mejora de la empleabilidad de las mujeres de 2008-2011 y aprobó un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016 retórico.

La tasa de actividadfemenina se ha estancado en el 53%, 11,5 puntos por debajo de la masculina (hay 1.585.600 mujeres activas menos que hombres), brecha que sube a 14,3 puntos en las edades 50/54 años, y a 17,2 en la de 55/59 años, próximas a la jubilación.

En tasa de ocupación-44,4% en las mujeres, 56,1% en los hombres- la brecha de género es de 11,7 puntos (1.741.600 mujeres menos con empleo). Los 8,9 millones de mujeres ocupadas son el 45,5% del total, proporción estancada desde 2012 después de 30 años creciendo.

Del empleo femeninoel 27,5% es temporal y el 25,4% a tiempo parcial: 3 de cada 4 asalariados a tiempo parcial son mujeres.1 de cada 4 asalariadas trabaja a tiempo parcial, (frente al 7,3% de los hombres) y de ellas 3 de cada 4 trabajan a tiempo parcial involuntariamente (51%) o para cuidar a familiares (15%). El 95% de las excedencias para cuidar hijos o familiares son de mujeres, un agujero para nuestra promoción profesional y las cotizaciones sociales, que hace que nuestras pensiones sean un 36% inferiores. La precariedad laboral impide una vida digna, acentúa la discriminación laboral y social de mujeres y jóvenes e imposibilita la autonomía personal y el derecho a tener hijos.

Brecha salarial. El salario medio femenino (20.131 € al año) es el 77,7% del masculino (25.924 €). El 17,8% de las mujeres tuvo ingresos inferiores o iguales al Salario Mínimo Interprofesional, frente al 7,8% de los hombres. El salario medio por hora a tiempo parcial es un 61,8% del de tiempo completo. El 16,8% de las personas empleadas tuvieron ganancia baja (inferior a 2/3 de la mediana) y de ellas el 64,3% son mujeres, en 2016, según la última Encuesta de E. Salarial del INE.

La desvaloración se intensifica en el trabajo remunerado de cuidados: a las auxiliares de ayuda a domicilio no se les paga el tiempo de desplazamiento entre domicilios, las empleadas de hotel se extenúan para alcanzar el salario mínimo y a las empleadas de hogar (700.000, el 98% mujeres) no se les paga el seguro de desempleo, teniendo las internas horas de disponibilidad esclavistas.

El parose ha reducido en menor medida para las mujeres, con una tasa de paroen 2018 del 17,02%, 3,31 puntos porcentuales superior a la de los hombres. Desde 2015 hay más mujeres que hombres en paro. Solo el 55% de las paradas inscritas en las Oficinas de Empleo, frente al 66% de los hombres, recibe alguna prestación económica, y no se ha aprobado la Iniciativa Legislativa Popular de 426 €/mes para los parados sin prestación por desempleo.

Las reformas laborales de 2009 y 2012 han bajado la cobertura de la negociación colectiva(del 92 al 82% de 2013 a 2018), y con ella los salarios, e incrementado la temporalidad (58% en los jóvenes) y el feminizado empleo a tiempo parcial, epicentro del “empleo con pobreza”. no se computa en tasa diferenciada respecto al empleo a jornada completa.

La Agencia Europea de Derechos Fundamentales reveló en 2014 que un tercio del acoso sexualse produce en el trabajo y que las inmigrantes son más vulnerables, y la Fundación Eurofound en 2015 que en España se denuncian el 8% de los casos de mobbing, mientras la media europea es del 14,9%. La Inspección de Trabajo investigó de 2010 a 2015 sólo 2.994 casos de acoso sexual, hizo 922 requerimientos y levantó 42 actas de infracción (7 al año). De 2008 a 2015 hubo sólo 49 sentencias condenatorias por acoso. De 2014 a 2018 no se han adoptado medidas frente a esa situación, agravada por la precarización laboral. La medida 77 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género 2017 se ha empezado a aplicar en marzo 2019 al obligar el Decreto-Ley 6/2019 a las empresas de más de 50 trabajadores a implantar planes de igualdad con protocolos contra el acoso sexual y el acoso por razón de género.

Desde el cambio de gobierno en junio 2018 ha habido mejoras como lasubida en 2019 del salario mínimo interprofesional del 22,3 %, a 900 €/mes, y el acuerdo del diálogo Social en 2017 es subirlo en 2020 a 850€ por 14 pagas (990€ en 12 mensualidades) en cumplimiento de la Carta Social Europea. Tiene un impacto directo en trabajadoras jóvenes, empleadas de hogar, hostelería, comercio, turismo, limpieza, ayuda a domicilio, gerocultoras, operadoras de call center, monitoras escolares y del campo, y sube la cotización y prestaciones por paro y pensiones.

El IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) 2018 es de un salario mínimo por convenio de 1.000 € y medidas para la corresponsabilidad, la estabilidad y el empleo de calidad y la lucha contra la economía sumergida. Sin embargo, en su aplicación práctica ha encontrado múltiples resistencias por parte del empresariado.

Gráfico 1.- Pregunta 6

Pregunta 7.- Medidas para reconocer, reducir o redistribuir los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados y fomentar la conciliación de la vida familiar y profesional (ODS 5.4)

Actualmente la cobertura de la educación infantil de 0 a 3 años y de la atención a personas en situación de dependencia es de un tercio de las necesidades, contribuyendo a que las mujeres dediquemos cada día al hogar y la familia 4h 29 minutos, casi el doble que las 2h 32 minutos de los hombres (INE Empleo del Tiempo 2009-2010).

No nos consta que el Instituto Nacional de Estadística esté trabajando para aplicar la medición de “El trabajo de cuidados” promovida por el Informe de la OIT en 2018, que cifra el trabajo no pagado de cuidados en España en 130 millones de horas al día, equivalentes a 16 millones de empleos a tiempo completo y al 15% del PIB.

La OIT propone como vía óptima hacia el trabajo de cuidados decente y el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 5.4 convertir trabajo doméstico no remunerado o mal remunerado en empleos dignos en servicios públicos de salud, educación (particularmente en la etapa de 0 a 3 años) y cuidado de personas en situación de dependencia, mediante un gasto adicional de 3,5 % del PIB de aquí a 2030: 40.800 millones de euros.

Aunque la Ley 39/2006 establece el derecho universal de quienes necesitan ayuda para comer, lavarse, levantarse u otras funciones de la vida diaria, a recibir servicios profesionales públicos (que podrían generar 600.000 empleos, 36 por cada millón de € invertido), su falta de financiaciónsupone que en diciembre de 2018 hubiera 1.767.186 solicitantes -3,78% de la población, 64% mujeres- el 74% con derecho reconocido a prestación, pero sólo 1.054.275 con servicios y 250.000 personas, el 20%, en lista de espera, en la que cada día mueren 100 sin haber llegado a recibir atención pública. Además, las prestaciones son insuficientes, y en un 31% consisten en la más barata: una paguita a la cuidadora familiar perpetuadora del desigual reparto de los cuidados entre mujeres y hombres y entre familias y sociedad.

Es positivo que el Decreto-ley 6/2019 amplíe el permiso pagado de paternidad por nacimiento o adopción de 5 a 8 semanas en 2019 y 12 en 2020, para impulsar la igualdad con las madres.

Pero de 1,6 millones de niñas y niños de 0 a 3 años, solo 468.652 (28,5%) estaban escolarizados en el curso 2017-2018.

Gráfico 2. Pregunta 7

Pregunta 8.- Recortes en gasto o personal del sector público durante los últimos 5 años (Gráfico 3)

Los recortes realizados por el gobierno en gasto social, cooperación internacional e inversión desde 2010, y especialmente de 2012 a 2017, no se han recuperado. A los recortes en Servicios Sociales, Sanidad y Educación; en incentivos a la contratación de mujeres, planes de igualdad en las empresas y políticas activas de empleo (-3.551 millones entre 2012 y 2013), se sumó la Reforma del Mercado Laboral de 2012 que abarató los despidos y expulsó del mercado laboral a muchas mujeres a través de Expedientes de Regulación de Empleo (ERES) o Despidos Colectivos.

El Informe Oficial de Impacto de Género, que desde 2009 acompaña al Proyecto de Presupuestos del Estado, no analiza la cuantía en euros de los programas presupuestarios que selecciona, y omite el impacto de género de los tributos y de gastos importantes como los de pensiones, atención a la infancia y a las personas en situación de dependencia. La Plataforma Impacto de Género Ya http://impactodegeneroya.blogspot.com/p/blog-page.htmlrealiza cada año desde 2008 un informe firmado por un centenar de organizaciones feministas, analizando las partidas de los PGE para: fomento de la cantidad y calidad del empleo y protección por desempleo, organismos de igualdad y contra la violencia de género (Instituto de la Mujer y Delegación del Gobierno para la Violencia de Genero), permisos pagados por maternidad y paternidad; Atención a la Dependencia, educación, sanidad pública universal y de calidad, incluyendo el aborto; pensiones y cooperación al desarrollo. Y convoca un acto para debatirlo con el Congreso de Diputados.

Los recortes del Estado central en 2012-2014 en Educación fueron de 898,57 millones de euros y en Sanidad 415,38 millones, partidas que siguen en 2018 por debajo de las del año 2011, afectando al reparto social de los cuidados y a sectores con mucho empleo de mujeres, que se ha reducido y precarizado.

En conjunto, el empleo público en 2014-2018 sigue por debajo del de 2011. El porcentaje de mujeres ha crecido del 53,5 al 55,5%, y el de menores de 40 años ha bajado del 59,6 al 52,8%, por la no reposición de plazas de jubilados/as.

Gráfico 3, pregunta 8

Pregunta 9.- reducir/erradicar la pobreza entre las mujeres y niñas

En España, ya antes de la crisis económica de 2008, 1 de cada 5 personas estaba en riesgo de pobreza o exclusión social, que aumentaron con las políticas de austeridad, y en 2017, a pesar de la recuperación macroeconómica, aún había un 26,6% (12.388.187 personas) en riesgo de pobreza o exclusión social y un 5,1% en situación de privación material severa.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (DESC) ha manifestado en 2018 su preocupación por la prolongación de algunas medidas aplicadas durante la crisis que afectan a los grupos en situación de mayor vulnerabilidad de manera desproporcionada, favoreciendo el incremento de la desigualdad.

España es el 4º país de la UE con más desigualdad, en la que no ha tenido apenas efectos la disminución del paro de 2014 a 2018, rompiendo la histórica ecuación reducción del paro = reducción de la pobreza, por la precariedad del empleo generado, especialmente entre las mujeres. Es también el tercer país con la brecha más profunda entre la renta de los hogares pobres con niños y niñas a cargo y la mediana nacional. Casi 1 de cada 3 niños y niñas en España, más de 2,6 millones, se encuentra en riesgo de pobreza y/o exclusión social, cifra que sube al 47,9% en las familias monoparentales (el 83% encabezadas por mujeres, en el sumum de la precariedad laboral y las labores de cuidados), al 70% en hogares con ambos progenitores extranjeros y al 72,3% en la población gitana.

El empleo ya no supone salir de la pobreza, pues casi la mitad de las personas empleadas cobra menos de 1.000 euros al mes y el 16,3% está en riesgo de pobreza o exclusión, lo que afecta especialmente a la juventud, con una tasa de paro del 56% entre 16 y 19 años y del 32,4% entre los 20 y los 24 años, las segundas más altas de la UE, sólo detrás de Grecia.

La tasa de pobreza entre mujeres mayores de 65 años es más alta que entre los hombres y un 87,7% de las pensiones de viudedad no alcanza los 1.000 euros.

España invierte poco más de la mitad de la media europea -el 1,3% del PIB frente al 2,4%- en protección social de los niños y niñas y sus familias, ocupando el puesto 23 de los 28 países de la UE, según datos de 2014, que UNICEF relacionó con carecer de una prestación universal por niño o niña a cargo y con tener la prestación condicionada más baja después de Grecia.

La prestación de ingresos mínimos es diferente en las diversas Comunidades Autónomas, y sólo cubre al 42% de los hogares con todos sus miembros sin ingresos, con requisitos y trabas administrativas cada vez más restrictivos que sitúan a un 27% de los solicitantes en espera de la resolución, y a un 17% en denegación de esta ayuda.

El gasto en protección social de España (16,8% del PIB), tres puntos por debajo del gasto medio de los países de la zona euro (20% del PIB) y un nivel recaudatorio de tributos y cotizaciones sociales 6,6 puntos por debajo de la media de los países de la UE alejan a España del objetivo 1.3 de la Agenda 2030.

No se ha aplicado la Observación 33 del Comité CEDAW en 2015: eliminar las barreras para la implementación de la Ley 35/2011 sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias, pues más del 70% de los propietarios son hombres.

Pregunta 10.- Mejorar la protección social de mujeres y niñas

Las únicas medidas puestas en marcha han sido el incremento de las pensiones de incapacidad y jubilación para las mujeres con 2 o más hijos a partir del año 2017, y el incremento de la pensión de viudedad, previsto para 2011 y que finalmente entró en vigor en 2018. Han supuesto un incremento de la protección social de las mujeres, pero se han implantado tarde y de forma insuficiente, pues no han tenido efecto en las pensiones complementadas a mínimos, el 65% de mujeres. (Cuadro 3)

De 2011 a 2018 la brecha de género en las pensiones, del 36%, se ha reducido en 2,5 puntos, pero continúan sus causas.

Se estima que el 35% de las 700.000 empleadas de hogar (98% mujeres y 1 de cada 2 inmigrante) no está afiliada a la Seguridad Social. No tienen la misma cobertura de derechos laborales - salario, jornada, descansos, negociación colectiva- y prestaciones sociales -por desempleo, cálculo de la pensión, protección en salud laboral- que el resto de personas trabajadoras. No se ha ratificado el Convenio 189 de la OIT, ni aprobado ninguna otra mejora, y por la Enmienda 6777 a los Presupuestos del Estado 2018 se ha pospuesto a 2024 el cumplimiento del compromiso asumido en 2011 de equiparar en 2019-2021 al sistema general de Seguridad Social el cálculo de sus pensiones.

Cuadro 4. Pregunta 10

EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL CONTRIBUTIVA Y NO CONTRIBUTIVA DE LAS MUJERES
	2011	% mujeres	2017	% mujeres
Personas con empleo	18.421.400	44,89	18.824.800	45,46
Cotizantes a la Seguridad Social	17.612.709	45,01	18.460.200	38,44
Pensionistas del sistema contributivo, total	8.711.058	51,35	8.243.402	53,35
Pensionistas del sistema contributivo por viudedad			2.359.648	92,32
Pensionistas contributivos con complementos a mínimos			3.651.827	64,60
Pensiones no contributivas			453.852	65,88
Personas mayores de 65 años sin pensión contributiva			4.804.613	76,58

Pregunta 11.- Medidas para mejorar la salud de mujeres y niñas

La desigualdad de género es un determinante de la salud establecido por la OMS por lo que es imprescindible integrar la perspectiva de género en todas las políticas sanitarias por lo que exigimos:

Derogación del Real Decreto-Ley 16/2012 y aplicación efectiva del R.D. 7/2018 con adopción urgente de un reglamento que asegure el acceso universal al sistema nacional de salud de todas las mujeres, incluidas las inmigrantes.

Es crucial la eliminación de los copagos.

Por lo que concierne la salud sexual y reproductiva, garantizar la práctica, la accesibilidad y disponibilidad de los servicios para todas las mujeres y adolescentes, con la debida a atención a las disparidades existentes entre CCAA Autónomas;

establecer un mecanismo apropiado para asegurar que el ejercicio de la objeción de conciencia no obstaculiza el acceso de las mujeres a los servicios de salud sexual y reproductiva, particularmente a la interrupción voluntaria del embarazo.

Eliminar las disparidades y asegurar su accesibilidad, disponibilidad y asequibilidad de contraceptivos de emergencia para todas las mujeres y adolescentes.

Derogar la Ley Orgánica 11/2015, que priva a las mujeres de 16 y 17 años de autonomía para el aborto.

Atención a la IVE en centros sanitarios públicos ofertando a la mujer elegir métodos instrumentales o farmacológicos.

Inclusión obligatoria de la educación sexual en los contenidos formales del sistema educativo, con presupuesto específico para su desarrollo, formación del profesorado y contenidos basados en la salud y los derechos humanos para una vivencia de la sexualidad sin discriminación, coerción o violencia.

Educación sexual como una de las mejores maneras de prevenir embarazos no planificados, violencias sexuales y de género, enfermedades de transmisión sexual o desigualdades de género.

Educar y cultivar la diversidad sexual es una garantía de mejora de la calidad de vida de las personas.

Exigimos formación en igualdad con criterios de calidad de profesionales de la educación y demás agentes en los distintos ámbitos, como elementos determinantes a efectos de acreditación, desarrollo y evaluación de los programas aplicados, especialmente en el profesorado de todas las etapas. Así mismo, reclamamos la formación específica para todo el personal que interviene en los medios de comunicación y la producción cultural ya que son también agentes educadores

Pregunta 12.- Medidas adoptadas en los últimos 5 años para mejorar los resultados educativos de mujeres y niñas

A pesar de que se han introducido campañas para que las jóvenes estudien carreras STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics) esta incentivación no está incorporada al currículo académico desde los primeros años, sino que se hace de forma puntual y cuando ya están en bachillerato. Por ello, reclamamos que se incentiven las carreras investigadoras de las jóvenes desde edades tempranas y en el marco del currículo.

Así mismo, no hay formación en igualdad en las carreras de magisterio ni en los másteres de acceso del profesorado. En este sentido, pedimos su inclusión como asignatura obligatoria.

La convocatoria de subvenciones IMIO para la realización de posgrados oficiales y actividades del ámbito universitario, no ha sido adoptada en los últimos cinco años, sino que es anterior. De hecho, la convocatoria de 2016 debido al techo de gasto, se convocó, pero luego no se repartieron los fondos, quedando sin poder realizarse.

El Comité CEDAW recomendó a España en 2015 que tomase medidas para evitar sesgos de género en la elección de estudios, que se vetasen estos sesgos en todos los libros de texto, que se impartiese enseñanza sobre salud sexual y derechos reproductivos en el marco del currículo ordinario y que se prestara especial atención a las niñas romaníes.

Pregunta 13, 14, 15, 16 y 18. Violencia contra las mujeres y niñas en 2014-2018. Formas, medidas y estrategias de prevención priorizadas, acoso sexual y difusión de imágenes íntimas en internet

252 ONGs hemos enviado en febrero de 2019 el Informe Estambul-Sombra al GREVIO del Consejo de Europa: https://plataformaestambulsombra.wordpress.com/que también hace seguimiento del alcance y cumplimiento del Pacto de Estado contra la violencia de género 2017-2021 Aquí queremos destacar:

· Violencia en la pareja/expareja. La protección judicial a mujeres víctimas de violencia de género es insuficiente en España. De cada 100 mujeres que formularon denuncia en España entre 2015 y 2017, por distintas razones, 79 no lograron la protección de la justicia a través de una sentencia condenatoria. El acceso a los datos sobre las órdenes de protección es público en las memorias anuales del CGPJ. Organizaciones independientes analizan con perspectiva de género la respuesta judicial con un análisis de denuncias, órdenes de protección, etc. (Análisis de datos estadísticos del CGPJ sobre violencia de género. Avance de Informes 2015 https://bit.ly/2tW5TDv y 2016. https://bit.ly/2k0y172).

· Violencia sexual. Sólo 9 de las 17 Comunidades Autónomas disponen de centros de atención especializada a víctimas de violencia sexual, no son suficientes, accesibles, ni apropiados, como establece el art. 25 del Convenio de Estambul. El aumento de las agresiones sexuales múltiples en España es preocupante con un contexto político y judicial de desprotección (Sentencia de La Manada). Entre 2016 y marzo 2019 se han contabilizado 104 a más de 111 mujeres, el 36% menores de edad, por parte de 356 agresores, 87 de ellos (24,4%) menores de edad (fuente Observatorio Feminicidio.net). La lenta respuesta parlamentaria y el adelanto de las elecciones ha hecho decaer la Proposición de ley de protección integral, así como la propuesta de reforma del Código Penal de la Comisión de Codificación.

· Mutilación Genital Femenina(MGF), no existen suficientes medios, más allá del Protocolo sanitario, para detectarla y darle un enfoque no punitivo, sino preventivo-preparativo que no revictimice.

· Matrimonios forzados, incluidos como delito específico en 2015, no existen datos ni estadísticas oficiales, ni denuncias, sólo 4 CCAA lo incluyen.

· Ley 4/2015 del Estatuto de la víctima del delito.Hay una parálisis en su aplicación y no da respuesta a las necesidades específicas, especialmente para las víctimas de trata y de violencia sexual, como la especialización de exámenes forenses. La complicada tramitación de ayudas disuade de solicitarlas.

· Cabe destacar la falta de medidas contundentes de sensibilización y prevención de situaciones de trata con fines de explotación sexual y de explotación de la prostitución, para desalentar su demanda (Directiva 2011/36/UE art. 18).

· La despenalización de ciertas formas de proxenetismoen la reforma del Código Penal (Ley Orgánica 1/2015) ha supuesto sancionar la explotación sexual únicamente "cuando la víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad personal o económica o cuando se le impongan para su ejercicio condiciones gravosas, desproporcionadas o abusivas" y supone un retroceso en la obligación del Estado español de suprimir todas las formas de explotación sexual.

· Feminicidio/feminicidio. La Delegación de Gobierno para la Violencia de Género sólo reconoce el 52% de los feminicidios íntimos y de menores asesinados por padres o padrastros. El observatorio independiente Feminicidio.net revela un subregistro oficial de 40 casos de feminicidios íntimos, al documentar, de 2010 a 2018, 988 mujeres asesinadas a manos de hombres, el 87% víctimas de feminicidios, asesinatos de mujeres por razones de género. En el Sistema Prostitucional documenta de 2010 a 17.04.2019 48 mujeres asesinadas, siendo el feminicidio por prostitución uno de los tipos no reconocidos por el Gobierno.

· La mejora de la formación especializada en violencia de género y en trata a diversos profesionales se contempla en el Pacto de Estado, en medidas como la 150 para operadores jurídicos en atención de menores, la 159 para juzgados de violencia contra la mujer, de familia y de menores y la policía, “en planes que contemplen una formación transversal, estable, multidisciplinar y evaluable”, la 160 en las oposiciones a judicatura, Escuela Judicial y formación continua anual, obligatoria y evaluable impartida por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y para concursar a órganos judiciales especializados; la 161 homogeneización de formación antidiscriminatoria de calidad en todos los Colegios de Abogados. La Ley Orgánica 4/2018, de 28 de diciembre, de reforma del Poder Judicial ha llevado a que el 8 de marzo de 2019, coincidiendo con las masivas manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer, el CGPJanuncie la puesta en marcha en mayo de 2019 del "primer curso de formación obligatoria en perspectiva de género para los jueces que quieran acceder a cualquier especialidad" aún pendiente de decidir el programa y su duración, al parecer online, para cumplir la medida 160 del Pacto de Estado y el Dictamen 47/2012 del CEDAW para corregir los estereotipos y la discriminación de género en la justicia. Los jueces que no lo realicen podrán seguir ejerciendo, pero no acceder a promociones o a una especialidad. A partir de 2019 deberán cursar la especialidad que impartirá el CGPJ en la Escuela Judicial los nuevos titulares de juzgados especializados en violencia contra la mujer, pero no están obligados los que ya tengan plaza.

· No hay una evaluación oficial del sesgo de género en las sentencias y resolucionesjudiciales, ni siquiera en casos como en el voto particular del juez de La Manada Ricardo González, que vio jolgorio en la violación de la joven por parte de cinco hombres, o de juzgados que sólo conceden un 20% de las órdenes de protección a víctimas de solicitadas.

· Violencia de género fuera de la pareja. La ley Orgánica 1/2004 siendo importante, limita su protección a la violencia ejercida por el hombre a su pareja o ex pareja, excluyendo a las víctimas fuera de ese ámbito y a otras formas de violencia que contemplan los artículos 1,2, y 3 del Convenio de Estambul.

· La mayoría de las medidas de la ley 1/2004 se supeditan a que la víctima denuncie judicialmente y obtenga una orden de protección y/o sentencia favorable, dejando una bolsa inmensa de impunidad y de falta de protección.

· La Violencia Institucionaldebe ser reconocida y que el Estado asuma su responsabilidad por acción u omisión, ante el número insufrible de asesinatos cometidos en España.

· El decreto-ley 9/2018 de medidas urgentes contra V.G., aplicando los puntos 62 y 63 del Pacto de Estado, modifica el art.23 de la ley 1/2004 permitiendo acreditar la V.G. por otras vías como certificado de los servicios sociales, servicios públicos de acogida. La Conferencia Sectorial de Igualdad de 04.04.19 ha aprobado su procedimiento.

· La financiación es escasa y no existe una cooperación interseccional estable, ni coordinación adecuada de las normas aplicables. La mayor o menor protección a las víctimas está en función de la comunidad donde vivan.

Ver las recomendaciones de CEDAW a España.

Pregunta 17.- Medidas para hacer frente a los estereotipos y discriminación en los medios de comunicación

No se conoce que haya habido sanción a ningún medio por emitir contenidos estereotipados y que merman la igualdad entre mujeres y hombres. De hecho, cabe destacar que programas de máxima audiencia como pudieran ser los diversos formatos de Gran Hermano, se observan actitudes violentas contra las mujeres y no se actúa, se actúa tarde y la cadena de televisión no tiene sanción. Por ello, reclamamos que haya sanciones a los medios que no respeten a las mujeres ni su imagen.

Las carreras de ciencias de la información no contienen asignaturas obligatorias de igualdad de género, por lo que las y los futuros periodistas carecen de esta formación al salir al mercado laboral. Por ello reclamamos una asignatura obligatoria de “género y comunicación en todas las universidades españolas que imparten carreras vinculadas al ámbito de la comunicación.

Cabe recordar que CEDAW recomendó Adoptar medidas innovadoras dirigidas a los medios de comunicación para fortalecer la comprensión de la igualdad sustantiva de las mujeres y los hombres, y use el sistema educativo para promover una imagen positiva y no estereotipada de las mujeres; vigilar y revisar las medidas adoptadas para evaluar sus repercusiones y actuar al respecto.

Pregunta 19.- Participación de las mujeres en la vida pública y en la toma de decisiones

Las observaciones de CEDAW en el año 2015 recomendaban al Estado español que aumentase la participación de la mujer en la vida política y pública en todos los niveles, su capacitación y realizase labores de sensibilización respecto a esta cuestión.

Pese a que la aprobación de la Ley para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, obliga a todas las formaciones políticas al equilibrio del 60%-40% en cada tramo de cinco candidatos y candidatas, se trata de una medida necesaria pero insuficiente para garantizar la paridad en la representación política femenina ya que en las circunscripciones de mayor tamaño, donde la cremallera es “más larga” y es más difícil sortear la misma, la Ley de Igualdad y la reforma de la Ley Electoral han tenido una clara repercusión. En las circunscripciones más pequeñas, la sistemática cooptación de varones en los puestos impares de las listas, sumado a un menor número de escaños y a un parlamento más fraccionado, provoca que las mujeres sigan chocando con un muro de hormigón. También cabe destacar que nada garantiza en lo relativo a quien encabeza las listas y ello parece haberse convertido en un auténtico techo de cemento para las mujeres en las elecciones, especialmente en lo relativo a la Presidencia del Gobierno y las Alcaldías.

Se ha avanzado en la presencia de mujeres en las instituciones políticas, sin embargo, no debemos olvidar que las mujeres constituyen más del 50% de la población española y todavía se está lejos de alcanzar esa proporción.

Por otra parte, es necesario analizar si esa esa mayor presencia de mujeres se transforma en una mayor influencia en la agenda política del Poder Legislativo, si logran poner en el centro de la vida política los derechos de las mujeres.

Pregunta 20.- Medidas para aumentar el acceso de las mujeres a la expresión y toma de decisiones en los medios de comunicación, incluidas también las realizadas mediante las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)

Existe un Plan de Acción para la Igualdad de oportunidades en la sociedad de la información 2014-2017 que no parece haber tenido continuidad.

Debería promoverse que las empresas propietarias de los medios de comunicación impulsaran las medidas contenidas en la Ley de Igualdad respecto de la composición del consejo de administración y de sus equipos directivos.

Por su parte, CEDAW recomendó a España Lleve a cabo actividades de sensibilización destinadas a los políticos, los líderes comunitarios, los periodistas y la población en general sobre la importancia de la participación de la mujer en la adopción de decisiones con el fin de promover la comprensión de que la participación plena, igual, libre y democrática de la mujer en condiciones de igualdad con el hombre en la vida política y pública.

Pregunta 21.- % del Presupuesto para igualdad. Presupuestos con perspectiva de género (Gráfico 6)

El año 2014 fue el que menor presupuesto tuvieron los organismos y programas de igualdad y contra la violencia de género del Estado central, en cifra absoluta (40,9 millones de euros, ver Gráfico…) y en porcentaje sobre el total consolidado del Presupuesto del Estado (0,0097%).

año	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
% Igualdad +VG en PGE	0,0172	0,0169	0,017	0,0135	0,0101	0,0097	0,0101	0,0103	0,0116	0,0399

En los años sucesivos han ido subiendo progresivamente, en euros y en porcentaje del PGE, especialmente en el año 2018, por el incremento acordado en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género en 120 millones de euros, a transferir a Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, en cada año de 2018 a 2022,para la aplicación de la parte de las 214 medidas acordadas que les competen.

Las 17 Comunidades y 2 Ciudades Autónomas (ver Cuadro ), que gestionan el 40% del gasto público en España, suman en 2018 188 millones de gasto en igualdad y violencia de género, con diferencias que oscilan entre 8,89 €/habitante en Castilla La Mancha y 1,68 en Castilla y León. Es un 17,8% menos que en 2013, pero se ha incrementado en 2018 un 58% por las transferencias del Pacto de Estado contra la Violencia de Estado arriba citadas.

De 2013 a 2018 la tercera Administración Pública territorial, la local (Ayuntamientos, Diputaciones y Cabildos o Consejos Insulares) han sido privados de la competencia en igualdad y violencia de género por la reforma de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local, que les ha restituido la Disposición final 1ª del Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género.

Cuadro 5, Pregunta 21

PRESUPUESTOS AUTONÓMICOS PARA IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO 2008-2018 Y TRANSFERENCIAS del PACTO DE ESTADO V.G.
Comunidad Autónoma	Población 2018	Organismo de Igualdad	Presupuesto Autonómico para Igualdad y Violencia de Género. Euros						Transferencias Pacto Estado 2018
Comunidad Autónoma	Población 2018	Organismo de Igualdad	2008	2013	2018	€/hab 2013	€/hab 2018	% 2018 /2008	Transferencias Pacto Estado 2018
Andalucía	8.409.738	I. Andaluz de la Mujer	40.157.879	40.560.147	47.132.138	3.634	5,60	117,4	16.411.593
Aragón	1.313.463	I. Aragonés de la Mujer	4.225.004	3.170.676	4.194.067	3.785	3,19	99,3	5.237.770
Asturias	1.027.659	I. Asturiano de la Mujer y P. Juven	5.133.452	2.284.267	5.075.517	3.530	4,94	98,9	3.253.898
Balears, Illes	1.166.603	I. Balear de la Dona	3.773.604	2.190.811	3.474.195	3.214	2,98	92,1	4.442.332
Canarias	2.177.155	I. Canario de Igualdad	11.513.123	7.018.682	9.312.753	3.211	4,28	80,9	6.389.428
Cantabria	581.403	Dirección Gral. Igualdad y Mujer	4.447.097	1.490.862	1.855.723	3.862	3,19	41,7	1.889.236
Castilla y León	2.418.694	Dirección Gral de la Mujer	13.249.453	7.053.437	4.053.912	3.724	1,68	30,6	8.097.039
Castilla-La Mancha	2.033.169	I. de la Mujer de Castilla-La Mancha	25.967.200	14.107.310	18.067.220	3.507	8,89	69,6	6.876.822
Cataluña	7.488.207	I. Català de les Dones	12.260.000	9.704.860	8.011.945	3.962			13.866.787
C. Valenciana	4.946.020	I.Valenciano de las Mujeres y por la Igualdad de Género	14.573.970	15.278.250	21.837.060	2.538	4,42	149,8	9.698.422
Extremadura	1.070.586	I. de la Mujer de Extremadura	3.868.666	5.189.589	8.777.536	4.323	8,20	226,9	5.099.498
Galicia	2.703.290	Secretaría Xeral da Igualdade	10.838.616	3.524.510	16.138.090	3.408	5,97	148,9	8.541.116
Madrid	6.549.979	Dirección Gral de la Mujer	44.806.447	22.705.132	23.722.547	2.954	3,62	52,9	11.194.551
Murcia	1.475.568	D.G. Mujer e Igualdad de Oportunidades	11.793.521	3.059.838	4.034.881	3.036	2,73	34,2	3.890.358
Navarra	643.864	I. Navarro pª la familia e igualdad*	2.794.533	1.807.286	4.166.938	5.954	6,47	149,1	0
País Vasco	2.171.131	EMAKUNDE I. Vasco de la Mujer	6.613.000	6.598.000	5.817.000	4.776	2,68	88,0	0
Rioja, La	312.830				1.970.231	3.786			1.867.166
Ceuta	85.219	Centro Asesor de la Mujer		347.120	248.000	2.674			1.367.759
Melilla	84.721	Viceconsejería de la Mujer			281.100				1.376.222
TOTAL	46.659.299	TOTAL/Media	216.015.565	145.743.657	188.170.853	3.511	4,59	82,2	109.499.998

Gráfico.6. Pregunta 21

Pregunta 22.- % de presupuesto de AOD para igualdad (presupuestos con perspectiva de género)

Como sociedad civil, el Grupo de Género del Consejo de Cooperación y el de la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (CONGDE) llevan a cabo el seguimiento de los Presupuestos Generales del Estado. Durante el período 2014-2018 han pedido que el presupuesto para “Promover los derechos de las mujeres y la igualdad de género” de la AOD pase del exiguo 1,64% del total de la AOD aplicado en el período 2014-2019 a un 15% (9% para género en desarrollo + 6% para salud sexual y reproductiva).

Y también que suba la AOD española, pues en 2018 se sitúa un 0,20% de la Renta Nacional Bruta (RNB) y ha sufrido una caída progresiva y brutal desde hace una década. Los recortes han afectado fundamentalmente a la Ayuda Humanitaria y a Género, a pesar de que el Gobierno sigue afirmando que “género es una prioridad de la Cooperación Española”. Así mismo los fondos concedidos al fortalecimiento de las organizaciones feministas han desaparecido.

En la Cooperación bilateral, los Marcos de Asociación País (MAP) se han vaciado de contenido de género. En algunos supuestamente se ha transversalizado, pero no se le ha asignado un presupuesto específico.

Sin embargo, en los acuerdos con las Instituciones Multilaterales el presupuesto para género empieza a remontar.

El Informe de Impacto de Género del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019, no aprobado, recoge en los Programas 141M, 142B, 143A, una serie de compromisos y acciones que deberían contar con presupuesto. En el Programa 143A Cooperación al Desarrollo, la responsabilidad de ejecución en materia de género se atribuye a la Secretaria de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe y a la Agencia Española de Cooperación Internacional, pero el pequeño incremento presupuestario propuesto lo dificulta, pues implementar las medidas propuestas requiere incrementar los recursos humanos y financieros con una orientación clara hacia el trabajo en género.

Pregunta 23.- Estrategia nacional válida o plan de acción para conseguir la igualdad de género

El artículo 17 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades obliga al Gobierno a aprobar periódicamente un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, pero en los años 2017 y 2018 no lo ha habido.

El Consejo de Ministros aprobó un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016 el 07.03.2014, con 7 ejes:

Eje 1. Igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral y lucha contra la discriminación salarial

Eje 2. Conciliación de la vida personal, familiar y laboral y corresponsabilidad en las responsabilidades familiares

Eje 3. Erradicación de la violencia contra la mujer

Eje 4. Participación de las mujeres en los ámbitos político, económico y social

Eje 5. Educación

Eje 6. Salud, deporte, medios de comunicación, sociedad de la Información, cultura, política exterior, rural y pesquero

Eje 7. generación de conocimiento, estadísticas; contratación pública, impacto de género de normas y presupuestos, Observatorios y Unidades de Igualdad y discriminación múltiple.

Ha sido decepcionante e ineficaz para contrarrestar las desigualdades del mercado y de los propios recortes del Estado.

El propio informe de evaluación gubernamental señala importantes incumplimientos. Por ejemplo, un 44% de medidas cumplidas total o parcialmente en el eje de educación, o un 60% en las de conciliación.

Mientras, como señalamos en la pregunta 21, hasta 2018 no se ha recuperado (y superado) el presupuesto para políticas activas en igualdad que hubo de 2009 a 2011.

El Borrador del Plan Estratégico de Igualdad Oportunidades 2018-2021 presentado al Consejo de Participación de la Mujer el 19.02.19 no se ha aprobado por la convocatoria elecciones generales anticipadas el 28.04.19.

Pregunta 24.- Plan de acción y cronograma para aplicar las recomendaciones del Comité CEDAW

Las Observaciones CEDAW/C/ESP/CO/7-8 de 29.07.15 para la aplicación de la Convención en España, recomendaron reponer la educación para la igualdad eliminada por la LOMCE, el derecho de las menores de 18 años al aborto, la sanidad universal y el Ministerio de Igualdad, financiar la Ley de Dependencia y reducir la demanda de prostitución.

En junio de 2018 se ha creado el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, y el Decreto-ley 9/2018 de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género ha devuelto a los ayuntamientos la competencia en igualdad que les quitó la Ley 27/2013.

El acceso universal a la sanidad pública de todas las mujeres, incluidas las inmigrantes, no se ha repuesto plenamente por el Decreto 7/2018, que no ha derogado el R. Decreto-Ley 16/2012.

El Dictamen 47/2012 del CEDAW sobre la responsabilidad de los juzgados del Estado en el asesinato por el padre maltratador de la hija de 7 años de Ángela González Carreño, tras 15 años de pleitos, ha tenido un reconocimiento parcial pero muy importante en la Sentencia del Tribunal Supremo CA 1263/2018 indemnizándola, pero no en formar a jueces, policías y funcionarios para que no se repita.

Otras observaciones no aplicadas casi 4 años después pueden verse en el Cuadro.7.

Cuadro 7, Pregunta 24

OBSERVACIONES CEDAW/C/ESP/CO/7-8 DE 29.07.15 NO APLICADAS
Nº	Contenido de la recomendación
9 .a	vigilar los efectos de la crisis financiera y económica en función del género
9 .b	redistribución para superar las consecuencias de la crisis, dando prioridad a la igualdad de género
9 .c	estadísticas desglosadas por sexo, especialmente de todos los aspectos del empleo público y privado
13	Modificar el art. 57 de la Constitución relativo a la preferencia del varon en la sucesión a la Corona
15 .a	Potenciar la incidencia política del Instituto de la Mujer, con recursos humanos y financieros a un alto nivel.
15 .b	fortalecer la coordinación con las CC. Autónomas, con seguimiento y evaluación regular.
15 .c	fortalecer la cooperación con las organizaciones de la sociedad civil de igualdad de la mujer.
17	Aumentar las acciones positivas en el sector público y privado.
19	Representación positiva de las mujeres -gitanas, migrantes o con discapacidad- en educación, publicidad y medios
21 .a	Incluir en la Ley 1/2004 la violencia sexual, de cuidadores, policial, en espacios públicos, empresas y escuelas
21 .b	formación obligatoria en igualdad de género a jueces, fiscales, policía y otros funcionarios
21 .f	Mejorar los datos estadísticos en violencia de género
23	Ampliar la definición de proxenetismo, para procesar la explotación de la prostitución. Ley integral contra la trata
23	Atención a las mujeres que deseen salir de la prostitución. Medidas para reducir la demanda de prostitución
25	cuotas legales para aumentar la paridad en gobiernos autonómicos, cuerpo diplomático y poder judicial.
27 .c	educación obligatoria en derechos sexuales y reproductivos
27 .d	Medidas para evitar el abandono escolar de las niñas gitanas
29 .b	Restaurar la financiación de la Ley 39/2006 de Atención a las Personas Dependientes;
29 .c	En el empleo, brecha salarial, el tiempo parcial indeseado adversa a su carrera profesional y su pensión futura.
29 .e	acciones positivas frente a la discriminación múltiple.
29 .f	Mejorar el trabajo de las empleadas de hogar ratificando el Convenio 189 de la OIT (2011).
37	Mejorar la protección de las mujeres solicitantes de asilo en fronteras, en cualquier país de origen o entrada
39 .b	No conceder visitas sin supervisión a padres denunciados por VG ni legislar la custodia compartida impuesta
40	Aplicar la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing 1995 y los ODS.
42	difundir estas Observaciones finales en los 4 idiomas oficiales de España.
43	Ratificar la Convención sobre Protección de los Derechos de Trabajadores Migrantes

Pregunta 25.- Institución nacional de derechos humanos y su atención a la discriminación por género o sexo

Sí existe. En el Defensor del Pueblo percibimos en 2017-2018 esta atención en violencia de género, inmigrantes, etc

Pregunta 30.-Medidas para incorporar las perspectivas y preocupaciones de género en las políticas ambientales

La actuación del gobierno en 2014-2018 se ha centrado en implementar la Ley 35/2011 de titularidad compartida y el R. Decreto 297/2009 que crea el registro de titularidad compartida de las explotaciones agrarias. Las mujeres representan más de un tercio de las personas que trabajan en las explotaciones agrarias familiares, pero en 2016 el 67,58% de sus titulares eran hombres y el 32,42% mujeres (INE). Pese a que la mayoría de las mujeres comparten las tareas agrícolas de las explotaciones familiares con sus parejas, su trabajo es visto como una extensión de sus tareas domésticas y de cuidados y aparecen como “ayuda familiar”, sin gozar del suficiente reconocimiento jurídico, económico y social.

La Huelga Feminista del 8 de marzo de 2018 y 2019 ha tenido una visión ecofeminista del consumo. El Manifiesto Feminista de 200 organizaciones ante las elecciones del 28.04.19 ha dedicado el 7º de sus 10 puntos a “Ecofeminismo en la producción y el consumo” proponiendo 1 Economía feminista para situar el cuidado de las personas en el centro. Indicadores alternativos al PIB. Abolir la tiranía de la moda y la obsolescencia en el consumo y sustituir tampones y compresas por la copa menstrual. 2 Ley de Cambio Climático y Transición Energética para reducir las emisiones del transporte y generales un 55%, salvar de la pobreza energética al 10% de la población, reducir el 40% el consumo de energía y cubrir con renovables el 45%. 3 Ley de Economía Circular que implante el Residuo 0, la recogida selectiva de la basura orgánica y el retorno de envases. 4 Ecosistemas sanos, con agua y biodiversidad. 5 Soberanía alimentaria. 6 Acceso igualitario de las mujeres del mundo rural a los recursos materiales, internet, la sostenibilidad y la gobernanza, incluyendo el equilibrio electoral de sexos en ayuntamientos de menos de 3.000 habitantes.

El acceso de niñas y mujeres a las nuevas tecnologías, como usuarias y como profesionales.

Pregunta 34: escasa conexión entre organismos de igualdad de género y ODS.

El Consejo de Desarrollo Sostenible creado por la Orden PCI/169/2019 (BOE de 23.02.19) presidido por la Alta Comisionada para la Agenda 2030 para participación de la sociedad civil, aunque exige paridad, sólo contará entre sus 48 vocales con 2 (4%) de órganos de mujeres -Consejo de Participación de la Mujer y Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer-, y otras 2 - CONGDE y Federación de Planificación Familiar- de ONG o coordinadoras del tercer sector que participan en las plataformas CEDAW y Estambul Sombra.

Organizaciones firmantes:

1. AAMM Feministas Marcela Lagarde

2. ACCOES

3. Acción para el Desarrollo y la Igualdad

4. ADAVAS - León

5. AIETI

6. Alia. Asociación por la igualdad de oportunidades entre mujeres y varones

7. Alianza por la Solidaridad

8. Alquimia Feminista de Fuenlabrada

9. AME

10. Amilips

11. Asamblea Feminista 7N Alcázar

12. Asociación Mararia

13. Asociación con la A

14. Asociación de mujeres feministas Tomando Partido

15. Asociación de Mujeres Feminista Puntos Subversivos

16. Asociación de Mujeres Hypatia - Burgos

17. Asociación de Mujeres Juristas Themis

18. Asociación de Mujeres Latinoamericanas AMALGAMA

19. Asociación de Mujeres Malvaluna

20. Asociación de Mujeres Nosotras Mismas Chamberí

21. Asociación de Mujeres Progresistas Por la Igualdad de Fuenlabrada (AMPPI)

22. Asociación de Mujeres Psicología Feminista

23. Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas de Valencia

24. Asociación Egeria Desarrollo Social

25. Asociación Feminista Tiemar

26. Asociación Mercedes Machado

27. Asociación Mujeres en la Diversidad

28. Asociación "Mujeres Libres, Mujeres en Paz"

29. Asociación Otro Tiempo

30. Asociación para la Defensa de la Mujer La Rueda

31. Asociación por ti mujer

32. Asociación PROMETEO -Hombres por la Igualdad-

33. Asociación Terapia y Género

34. Balloona Matata

35. CEIPAZ

36. Centro de Estudios e Investigación sobre Mujeres (CEIM)

37. Colectivo Feminista de Miño

38. Colectivo Urbanas

39. COMFIN. (coordinadora de organizaciones de mujeres feministas de Navarra)

40. Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres

41. COMPI. Coordinadora de Organizaciones de Mujeres para Participación y la Igualdad

42. Confederación de Asociaciones de Mujeres del Medio Rural-CERES

43. Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid

44. Creación Positiva

45. Custodia en Positivo

46. DigniMujer

47. Dones de Xirivella en Acció

48. Federación de Mujeres Progresistas

49. Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca

50. Federación Feminista Gloria Arenas

51. Federación Mujeres Jóvenes

52. Federación Planificación Familiar Estatal

53. Federación Provincial de Asociaciones de Mujeres Ágora

54. Femicidio.net- Asociación La Sur

55. Foro de Madrid contra la Violencia a las Mujeres

56. Foro de Mujeres MIRaN

57. Foro Feminista de Castilla y León

58. Fórum de Política Feminista

59. Fórum de Política Feminista Murcia

60. Fórum Feminista de Madrid

61. Frida

62. Fundación Matria

63. Fundación para la Convivencia Aspacia

64. Grupo de Mujeres de Asociación Vecinal Zarzaquemada

65. Gupo Mujeres de Carabanchel

66. Haurralde Fundazioa ONGd Mujer y DDHH

67. INCIDE (Inclusión, Ciudadanía, Diversidad, Educación)

68. L´Associació. Drets Sexuals i Reproductius

69. Lunes lilas navarra

70. Mesa de Igualdad del Foro Local de Arganzuela

71. Mujeres de Valdeserrano

72. Organización de Mujeres del Sindicatu Unitariu y Autónomu de Trabayadores de la Enseñanza d'Asturies

73. Mujeres que aman demasiado

74. Nación Mujeres

75. Organización de Mujeres Confederación Intersindical

76. Plan8.org

77. Plataforma 7N-Madrid

78. Plataforma Abolicionista Canaria

79. Plataforma Cedaw Ombra País Valencià

80. Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución

81. Plataforma Unitària Contra les Violències de Gènere

82. Red Aminvi

83. Red de Mujeres Latinoamericanas

84. Red Transnacional de Mujeres

85. Rede Galega pola Igualdade

86. Secretaría Confederal de Mujeres e Igualdad de CCOO

87. Secretaria Federal de Generos e Igualdad: Espacio Feminista(USTEA)

88. Señoras Feministas en Fuerteventura

89. UGT-Unión General De Trabajadores

90. Wayra Elkartea

91. WILPF

92. Xarxa Internacional de Dones Periodistes i Comunicadores de Catalunya - Xarxa Internacional de Periodistes amb Visió de Gènere

Proceso Beijing+25

jueves, 17 de octubre de 2019

Materiales Congreso Beijing+25 (Madrid)

martes, 30 de julio de 2019

Congreso Internacional: BEIJING+25: LOGROS, CARENCIAS Y DESAFÍOS EN LA UNIÓN EUROPEA

Congreso Internacional / International Congress

MADRID, Spain

sábado, 20 de abril de 2019

Aportaciones de ONG al informe de España a la ONU sobre aplicación 2014-2019 de la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer "Beijing+25"